Según declaró a Andina, quienes saldrán en libertad, tras la aprobación de la norma, serán las internas en estado de gestación, madres con hijos menores de tres años, presos con sentencias menores a cuatro años, mayores de 70 años de edad que no hayan cometido delitos graves, presos que estén próximos a cumplir sus condenas en los próximos seis meses, y enfermos que estén dentro del grupo de riesgo a contraer la COVID-19.
Con la información que nos brinde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se propondrá la posibilidad de otorgar indultos a estos grupos ante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Asimismo, el integrante del Gabinete Ministerial enfatizó que los sentenciados por delitos graves, quienes en suma son una población entre 40.000 y 50.000 reclusos, no se beneficiarán con la referida medida.
“Condenados por delitos graves como secuestro, tortura, pertenencia a banda criminal, violación sexual, financiamiento al terrorismo y todas las variantes de corrupción, esa población penitenciaria no saldrá de los penales por este beneficio y por un tema de seguridad”, marcó distancia el ministro.
En otro momento, Fernando Castañeda manifestó que este miércoles podría estar aprobado el decreto supremo que oficialice la propuesta, medida que, según agregó, recibió la conformidad de los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Conferencia Episcopal y Consejo Interreligioso.
El pasado 7 de abril, el jefe del INPE, Gerson Villar, en el documento que informaba que no iban a recibir a ningún interno más, precisó que en las 68 cárceles del país, en suma, solo pueden albergar a 40.600 reclusos, sin embargo, en la actualidad tienen a más de 97.600.
Fuente: Infórmate Perú
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